
El acuerdo de paz para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, firmado en 2018 en su versión final, debería estar plenamente implementado a finales del próximo año, para cuando están previstas las elecciones generales. Si todo va según lo previsto, en diciembre de 2024, el pueblo de Sudán del Sur elegirá un nuevo liderazgo que será el primer órgano legislativo y de gobierno elegido por los ciudadanos del nuevo país, creado en el referéndum de 2011 que resultó en la independencia de Sudán.
Por un lado, el pueblo de Sudán del Sur tiene pleno derecho a anhelar la paz, un estatus que nunca ha disfrutado durante dos siglos. Desde la expedición militar del líder egipcio Muhammad Ali en 1821, Sudán se ha visto afectado por ciclos recurrentes de violencia, incluidas guerras civiles y revueltas armadas. La independencia de Sudán del Sur de Sudán fue seguida inmediatamente por la guerra civil que estalló en 2013 y, con suerte, quedará atrás en las elecciones políticas multipartidistas del próximo año. Por otro lado, los pueblos étnicamente diversos de esta joven nación encuentran por delante la tarea ineludible de armonizar su sociedad compuesta por 64 tribus. La inclusión en la gobernanza, el reparto del poder y los recursos ha resultado difícil y, en ocasiones, no hubo suficiente buena voluntad para lograrlo, como lo demostró claramente la guerra civil de 2013-2018.
La falta de paz y estabilidad obstaculizó gravemente el progreso de Sudán del Sur hacia el “desarrollo sostenible” fijado como objetivo deseable para todas las naciones en la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben alcanzarse de aquí a 2030. El tiempo corre rápido hacia el final de la tercera década de nuestro siglo, y si la paz y la estabilidad no prevalecen en Sudán del Sur, el riesgo es que el país siga rezagado en el escenario internacional. Este revés contradiría abiertamente las potencialidades de Sudán del Sur, que es extremadamente rico en recursos naturales, incluido el vasto y único ecosistema de la cuenca del Nilo, las extensas tierras agrícolas y los minerales, sólo por mencionar algunos.
En el contexto anterior, desde 2017, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, del que la Iglesia Católica es miembro, ha sido proactivo y ha elaborado su “Plan de Acción para la Paz”. Es un programa articulado para involucrar a todas las estructuras de la Iglesia en el territorio nacional para trabajar por la sanación y la reconciliación; ser una plataforma neutral para grupos en conflicto entre sí y abogar por la paz a nivel local e internacional. Varios hombres y mujeres religiosos que sirven en parroquias, escuelas, hospitales y otras vías participan activamente en la promoción de la paz. Incluso si, en algunos casos, no vinculan explícitamente su trabajo con los ODS, cuando se trata de paz, inclusión, búsqueda de justicia y desarrollo, en realidad están contribuyendo a su objetivo.
Elena Balatti, CMS
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